Almacenes Farmacéuticos

Carta a El Mercurio de Prof. QF Hernán Vergara Mardones El respeto al medicamento es un principio básico en una correcta política de salud. El medicamento es un bien social, no un producto de consumo comercial. Por ello, al Estado le corresponde un estricto papel regulador en una materia de gran incidencia en la salud pública. Ninguno de estos principios ha sido considerado en la reciente decisión del Ministerio de Salud que habilita la entrega de medicamentos en los llamados "Almacenes Farmacéuticos", que podrán funcionar en cualquier lugar del país sin la debida dirección técnica de un profesional con formación universitaria. Es necesario recordar que estos establecimientos fueron concebidos para atender las necesidades de algunos medicamentos básicos en poblaciones alejadas de los centros urbanos. Esta decisión ministerial constituye un riesgo sanitario para la población que ahora podrá acceder a los medicamentos con sólo estirar su brazo.  Los tendrá al alcance de su mano como el ketchup y la mayonesa. Se sanciona así un sistema más desregulado aún y sin control sanitario que, entre otros efectos negativos, provocará aumentos de la automedicación, uso no racional de fármacos, vigencia de la "integración vertical" (colusión entre productores y comerciantes) y sustituciones no idóneas. Es bueno informar que las remuneraciones de los auxiliares se construyen con un sueldo base muy bajo, incrementado por bonificaciones según el cumplimiento de metas de venta y las "canelas" (estímulos que les pagan ciertos laboratorios). No puedo entender que un gobierno como el actual haya cedido a presiones mercantilistas que han logrado imponer a la Ministra de Salud el modelo "puntos de venta" sobre el concepto "centros de salud" que propicia la OMS para los establecimientos  farmacéuticos. Bien haría mi gobierno en agilizar la reposición del Formulario Nacional, la más grande obra de política de medicamentos hecha en Chile; en poner efectivamente en marcha los estudios de biodisponibilidad para la bioequivalencia conducentes a disponer de medicamentos de primera calidad y evitar las intercambiabilidades sin respaldo, y en desarrollar el sistema de farmacovigilancia que el país requiere. Estos son problemas no resueltos que exigen soluciones gubernamentales.  Pues bien, el Ministerio de Salud no se moviliza con prontitud por solucionarlos y sólo declara que los dos primeros temas están en estudio. De farmacovigilancia ni siquiera habla. Contrasta esta lentitud con la celeridad con que ha decidido por vía administrativa una modificación sustancial al régimen de dispensación de medicamentos que favorece intereses comerciales y lesiona sanitariamente a la población. Es una falta de respeto brutal al medicamento.  Nunca imaginé que mi gobierno fuese tan liviano e inconsecuente en una materia tan importante.  En vez de corregir un sistema que inhibe hoy la plena atención de salud por parte de un profesional de alta competencia en fármacos y lejos de establecer un mayor control en los servicios farmacéuticos, opta por la desregulación y la venta libre. En una situación menos grave, cuando una empresa intentó vender algunos medicamentos fuera de su farmacia, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema impidieron ese intento en forma unánime.  Los principios que fundamentaron estos fallos son perfectamente aplicables a esta nueva situación.  Es un antecedente importante que no se puede ignorar.